El ex fiscal, Federico Delgado en su libro póstumo “Politeia” escribe sobre LOS RIESGOS, “En este momento singular, entonces, aparecen las condiciones sociales para las salidas autoritarias. Básicamente por la pérdida de la legitimidad política, la bronca, el miedo y los prejuicios, un coctel que atrae las soluciones “rápidas” y “sencillas”, propias de hombres “providenciales” que con mucha pericia ubican la “causa” de los problemas en grupos sociales “enemigos” del pueblo.
Ellos saben transformar la incertidumbre y los miedos en odios. Estos líderes, que apuestan a las emociones, desprecian la democracia aún en su sedimentación liberal, y consiguen capturar el enojo ciudadano, Hallan así un terreno muy fértil para esterilizar el estado de derecho y reducir la estatalidad a un crudo momento de dominación.”
La noticia no sacudió el ámbito político en la provincia de San Luis, sobre todo porque la sociedad estaba abrumada por la cataratas de medidas de quita de derechos y garantías que se trataban de digerir y asimilar desde los primeros días de gestión del gobierno de Claudio Poggi empezando por el pago desdoblado de los salarios de los empleados públicos argumentando la falta de recursos, ante esa medida no tardó en llegar la respuesta activa en las calles de sindicatos como el de ATE y que derivo días más tarde en la criminalización de la protesta callejera, ya empezado el segundo trimestre de gobierno provincial se comenzó con las reducciones de gastos en sectores sensibles a la población como en el educativo, plasmado en el cierre de escuelas y despidos de docentes, profundizándose en el ámbito de la salud con más despidos y sueldos magros, se le sumaban a estas medidas las expresiones grandilocuentes del gobernador que expresaba que muchos ex funcionarios del gobierno saliente irían a prisión y se le iniciarían los procesos judiciales arrogándose de esta manera una potestad que le concierne a otro poder, el judicial, alternado de esta manera el estado de derecho y la división de poderes que contempla nada más y nada menos que la constitución de la provincia que ahora pretenden reformar.
Así es que el gobernador en su discurso de apertura de sesiones legislativas del mes de abril del 2025, que según sus propias palabras decía “Impulsaremos la reforma constitucional en 2026, un año no electoral”.
Hay que aclarar que según la Ley Nº XIII-1129-2024 el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, sancionaron con fuerza de Ley H.C. de Diputados la CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS Y CONVENIENCIA DE UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
Es decir que un año antes del anuncio del gobernador en abril del 2025 ya se había creado la comisión que trabajaría sobre el análisis y la conveniencia de la reforma, sobre nueve artículos.
La escasa o nula información de lo realizado por la comisión nos obliga entonces como ciudadanos y como militantes políticos a llevar adelante la tarea de analizar junto con diferentes fuerzas políticas, gremiales y sociales de la provincia que se expresa en la Ley Nº XIII-1129-2024, compartimos con los interesados entonces de esta convocatoria a dar inicio al análisis de los puntos que consideramos es importante poner a consideración de debate político y social y ampliando este debate a todos los temas que se pretenden incorporar a la intención de la reforma constitucional en la provincia de San Luis.
2da parte en blog www.fundacionsargentobaigorria.org
